Las mujeres tras las rejas
La cantidad de mujeres confinadas en Puerto Rico ni siquiera alcanzaba el 4 por ciento de la población total de confinados en la isla a junio de 2015, comparada con los 11,654 hombres encarcelados, según el más reciente “Perfil de la Población de Mujeres Confinadas”, realizado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.
No obstante, el número de confinadas incrementó un 40 por ciento desde el 2005 hasta mediados del 2015. El trabajador social Larry Enid Alicea Rodríguez atribuye el aumento de mujeres encarceladas a la inequidad social en la isla.
“En los perfiles de estas mujeres, hay mucha desigualdad en su historia social y mucha inequidad sobre aspectos estructurales que impactaron y provocaron que estas mujeres se involucraran en conductas que son tipificadas como delictivas”, aseguró el presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico.
En 2015, las 420 confinadas estaban ingresadas en la Escuela Industrial para Mujeres en Vega Alta, en el Hogar Intermedio para Mujeres o en el Centro Médico Correccional.
Casi la mitad de las mujeres fueron encarceladas por delitos contra la propiedad o por infracciones a la Ley de Sustancias Controladas. El delito contra la propiedad más frecuente fue la apropiación ilegal agravada, cuando una persona se apropia sin violencia ni intimidación de bienes valorados en $10,000 o más. Mientras, el delito relacionado a las sustancias controladas más habitual fue la conspiración.
“Muchas de ellas se involucran en actividades delictivas siendo coautoras o participando de delitos cuyos principales autores fueron hombres”, explicó Alicea Rodríguez.
El municipio donde residían la mayoría de las convictas era San Juan. Casi la mitad vivía en un barrio o en una barriada, y el 38 por ciento del total de confinadas se alojaba con otros. Mientras, el 3 por ciento de las mujeres reportaron no tener hogar.
Sobre tres cuartas partes de las confinadas estaban desempleadas antes de ingresar a prisión. En 2012, el mismo porcentaje de mujeres indicó que no tenía trabajo al momento del arresto, según un reportaje de Primera Hora.
Por su parte, la mayoría de las mujeres que trabajaban al momento de su arresto se desempeñaban en trabajos de servicios.
El ingreso anual de más de la mitad de las reclusas antes de entrar a prisión caía dentro del rango de $0.001 a $20,000. Mientras, el 13 por ciento no tenía ingreso.
El nivel de escolaridad más alto de la mayoría de las confinadas era cuarto año de escuela superior.
“El estado les falló. Les falló dándoles una educación adecuada. Les falló atendiendo las condiciones estructurales de trabajo, salud, salud mental. Todas esas cosas. Pero, cuando cometen un delito, el estado aparece para procesarlas y para castigarlas”, enfatizó Alicea Rodríguez.
A junio de 2015, el 61 por ciento de las confinadas no tenía antecedentes penales.
Antes de ingresar a la cárcel, casi la mitad de las reclusas padecía de una condición mental, y el 60 por ciento era adicta a drogas ilícitas. Mientras estaban encarceladas, el número de confinadas que tenía una condición de salud mental disminuyó, al igual que el número de las usuarias de drogas ilícitas.
Las madres en prisión
En general, las reas en el país son madres. Más de la mitad de las mujeres, el 79 por ciento, tiene hijos. La mayoría de ellas tiene dos hijos.
En 2017, tras el paso del huracán María en Puerto Rico, las reclusas solo pueden compartir con sus familiares, incluyendo sus hijos, por 15 minutos bisemanalmente. El contacto limitado entre los niños y sus madres priva a los menores de tener relaciones de apego con ellas, según el trabajador social.
Además, considera que existe un estigma en torno a los hijos de confinadas que los hace más visibles para ser víctimas de “bullying”.
“Lo primero que hay que romper para que los niños no se afecten con estas situaciones es el asunto del estigma. Cómo lograr que ese niño tenga una relación con su mamá y con su papá, que están confinados, y que puedan tener una relación de calidad y cantidad sin exponerse al estigma que eso lleva”, dijo.
Las menores encarceladas
Del total de mujeres encarceladas, las jóvenes menores de 21 años confinadas representan el 2.38 por ciento de la población de reas.
La mayoría de las jóvenes había alcanzado cuarto año de escuela superior antes de entrar a prisión, y el ingreso principal de la mayoría era subsidios del estado.
La mitad de las menores estaba encarcelada por delitos contra la propiedad. Dentro de los delitos contra la propiedad, 20 por ciento fue arrestada por escalamiento, un delito menos grave, otro 20 por ciento por escalamiento agravado, y 10 por ciento por robo.
Sobre la mitad de las menores confinadas no tenía un historial criminal antes de ser encarceladas a junio de 2015.
La sentencia de la mayoría de las menores estaba entre un año y un día a tres años.
Necesaria una nueva política pública
Según Alicea Rodríguez, en Puerto Rico, no existen políticas públicas que atiendan las necesidades de las mujeres encarceladas.
“Las políticas públicas para atender esas conductas delictivas son predominantemente punitivas. No existe el componente de rehabilitación. No existe el componente de seguimiento comunitario”, señaló.
Por lo tanto, considera que los legisladores deben incluir a las reas en la creación de medidas para que tomen en consideración sus necesidades.
Opina, además, que debe haber un plan de rehabilitación individualizado para cada mujer que ingrese a prisión y otro para integrar a las exconfinadas a la comunidad.
“Hay que empezar a cuestionar la institución carcelaria como tal y pensar si realmente las cárceles responden a la rehabilitación de las personas, que es a lo que deben ir dirigidas”, puntualizó.
Puede acceder a las bases de datos utilizadas para elaborar este reportaje en los siguientes enlaces:
Perfil de la población de mujeres confinadas en Puerto Rico
Perfil de la mujer joven adulta confinada
No obstante, el número de confinadas incrementó un 40 por ciento desde el 2005 hasta mediados del 2015. El trabajador social Larry Enid Alicea Rodríguez atribuye el aumento de mujeres encarceladas a la inequidad social en la isla.
“En los perfiles de estas mujeres, hay mucha desigualdad en su historia social y mucha inequidad sobre aspectos estructurales que impactaron y provocaron que estas mujeres se involucraran en conductas que son tipificadas como delictivas”, aseguró el presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico.
En 2015, las 420 confinadas estaban ingresadas en la Escuela Industrial para Mujeres en Vega Alta, en el Hogar Intermedio para Mujeres o en el Centro Médico Correccional.
Casi la mitad de las mujeres fueron encarceladas por delitos contra la propiedad o por infracciones a la Ley de Sustancias Controladas. El delito contra la propiedad más frecuente fue la apropiación ilegal agravada, cuando una persona se apropia sin violencia ni intimidación de bienes valorados en $10,000 o más. Mientras, el delito relacionado a las sustancias controladas más habitual fue la conspiración.
“Muchas de ellas se involucran en actividades delictivas siendo coautoras o participando de delitos cuyos principales autores fueron hombres”, explicó Alicea Rodríguez.
El municipio donde residían la mayoría de las convictas era San Juan. Casi la mitad vivía en un barrio o en una barriada, y el 38 por ciento del total de confinadas se alojaba con otros. Mientras, el 3 por ciento de las mujeres reportaron no tener hogar.
Sobre tres cuartas partes de las confinadas estaban desempleadas antes de ingresar a prisión. En 2012, el mismo porcentaje de mujeres indicó que no tenía trabajo al momento del arresto, según un reportaje de Primera Hora.
Por su parte, la mayoría de las mujeres que trabajaban al momento de su arresto se desempeñaban en trabajos de servicios.
El ingreso anual de más de la mitad de las reclusas antes de entrar a prisión caía dentro del rango de $0.001 a $20,000. Mientras, el 13 por ciento no tenía ingreso.
El nivel de escolaridad más alto de la mayoría de las confinadas era cuarto año de escuela superior.
“El estado les falló. Les falló dándoles una educación adecuada. Les falló atendiendo las condiciones estructurales de trabajo, salud, salud mental. Todas esas cosas. Pero, cuando cometen un delito, el estado aparece para procesarlas y para castigarlas”, enfatizó Alicea Rodríguez.
A junio de 2015, el 61 por ciento de las confinadas no tenía antecedentes penales.
Antes de ingresar a la cárcel, casi la mitad de las reclusas padecía de una condición mental, y el 60 por ciento era adicta a drogas ilícitas. Mientras estaban encarceladas, el número de confinadas que tenía una condición de salud mental disminuyó, al igual que el número de las usuarias de drogas ilícitas.
Las madres en prisión
En general, las reas en el país son madres. Más de la mitad de las mujeres, el 79 por ciento, tiene hijos. La mayoría de ellas tiene dos hijos.
En 2017, tras el paso del huracán María en Puerto Rico, las reclusas solo pueden compartir con sus familiares, incluyendo sus hijos, por 15 minutos bisemanalmente. El contacto limitado entre los niños y sus madres priva a los menores de tener relaciones de apego con ellas, según el trabajador social.
Además, considera que existe un estigma en torno a los hijos de confinadas que los hace más visibles para ser víctimas de “bullying”.
“Lo primero que hay que romper para que los niños no se afecten con estas situaciones es el asunto del estigma. Cómo lograr que ese niño tenga una relación con su mamá y con su papá, que están confinados, y que puedan tener una relación de calidad y cantidad sin exponerse al estigma que eso lleva”, dijo.
Las menores encarceladas
Del total de mujeres encarceladas, las jóvenes menores de 21 años confinadas representan el 2.38 por ciento de la población de reas.
La mayoría de las jóvenes había alcanzado cuarto año de escuela superior antes de entrar a prisión, y el ingreso principal de la mayoría era subsidios del estado.
La mitad de las menores estaba encarcelada por delitos contra la propiedad. Dentro de los delitos contra la propiedad, 20 por ciento fue arrestada por escalamiento, un delito menos grave, otro 20 por ciento por escalamiento agravado, y 10 por ciento por robo.
Sobre la mitad de las menores confinadas no tenía un historial criminal antes de ser encarceladas a junio de 2015.
La sentencia de la mayoría de las menores estaba entre un año y un día a tres años.
Necesaria una nueva política pública
Según Alicea Rodríguez, en Puerto Rico, no existen políticas públicas que atiendan las necesidades de las mujeres encarceladas.
“Las políticas públicas para atender esas conductas delictivas son predominantemente punitivas. No existe el componente de rehabilitación. No existe el componente de seguimiento comunitario”, señaló.
Por lo tanto, considera que los legisladores deben incluir a las reas en la creación de medidas para que tomen en consideración sus necesidades.
Opina, además, que debe haber un plan de rehabilitación individualizado para cada mujer que ingrese a prisión y otro para integrar a las exconfinadas a la comunidad.
“Hay que empezar a cuestionar la institución carcelaria como tal y pensar si realmente las cárceles responden a la rehabilitación de las personas, que es a lo que deben ir dirigidas”, puntualizó.
Puede acceder a las bases de datos utilizadas para elaborar este reportaje en los siguientes enlaces:
Perfil de la población de mujeres confinadas en Puerto Rico
Perfil de la mujer joven adulta confinada
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